Comprobación de valores en transmisión posterior a subasta

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Supuesto de hecho

Una vivienda es adquirida por una entidad vinculada a una entidad bancaria a través de un Auto judicial de adjudicación en subasta celebrada en un concurso de acreedores.

Unos meses después, la entidad adjudicataria transmite a un tercero la citada vivienda, por el mismo importe de la adjudicación.

El órgano competente de la administración autonómica notifica la apertura de un expediente de comprobación de valores de dicha vivienda, aumentando su valor en un 22%, conllevando la consiguiente liquidación provisional a ingresar.

 

Argumentos a favor del administrado

El artículo 39 del Real Decreto 828/1995 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales establece que “En las transmisiones realizadas mediante subasta pública, notarial, judicial o administrativa, servirá de base el valor de adquisición”

Dicho artículo, debe resultar de aplicación a transmisiones cryptocurrency realizadas inmediatamente posteriores a las subastas judiciales, siempre que no haya habido ninguna circunstancia que pudiera afectar a la vivienda, tales como reformas, mejoras en los accesos …

Si el artículo 39 anteriormente citado convalida el valor de bienes adquiridos en subastas, no existe razón alguna para que el mismo valor no resulte de aplicación a transmisiones posteriores, cuando el bien no haya sufrido variación; al tratarse del valor real estimación económica o precio verdadero al que se refiere el Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de Octubre de 1995.

El incremento de valor propugnado por el órgano administrativo, requeriría una motivación específica, es decir, las razones concretas y específicas que hacen que el bien inmueble tenga un precio superior en el mercado, lo que exige la comprobación previa in situ (STSJ Comunidad Valenciana 7 de junio de 2.005 y 13 de mayo de 2.010), no siendo suficientes las comprobaciones basadas en estudios de mercado que sirven de fundamento a coeficientes genéricos de aplicación (STSJ Castilla y León de 25 de mayo de 2.009 y 28 de diciembre de 2.009).

Por tanto, pese a la cierta discrecionalidad de que dispone la administración tributaria, lo cierto es que el aumento de valor requiere la acreditación de que las características y circunstancias del edificio o sus servicios urbanísticos han cambiado (Sentencia del TSJ Castilla y León de 19 de abril de 2.013).

La consecuencia de todo ello debe ser la invalidez de la comprobación de valores y de la liquidación practicada, las cuales deben quedar sin efecto.